Es posible que existan pocos delitos de tan dolorosas y vandálicas ramificaciones como el de la desaparición de niñas, adolescentes y jóvenes secuestradas para forzarlas a integrar redes de prostitución, aunque, en nuestro país, haya pocos quebrantamientos que encuentren, como en éste caso, tan insuficiente carácter por parte de las autoridades para su eficaz aclaración, más allá de lo meramente declamativo y de medidas que, al carecer del genuino apoyo de parte de la Justicia federal y algunas fuerzas policiales, se vuelven inútiles.
Pues hablamos de Susana Trimarco, quién se percudió en el barro y en su lucha incesante para buscar a su hija simuló ser una prostituta y conoció por dentro a las mafias.
Esperaba ansiosa, el martes pasado, el instante para decir su verdad: probar que las catervas que organizan las redes de trata de personas, y que se mimosean de las sombras mantienen estrictos vínculos con el poder.
El secuestro de Marita Verón, ocurrió el 3 de abril de 2002 en plena calle, en San Miguel de Tucumán. Se supo que después fue trasladada a prostíbulos ubicados en La Rioja y en otras provincias, donde fue explotada sexualmente.
Lo expresado en la sentencia del tribunal de la Sala II de la Cámara Penal de Tucumán que decidió absolver a los 13 imputados: un policía y a doce encargados de prostíbulos y remiserías de La Rioja y Tucumán, resulta vergonzoso.
Sé exige justicia, para víctimas y familiares desde las mismas; se exige democratización de las leyes que hoy por hoy solo conceden derechos y medidas cautelares a los intereses políticos y comerciales de un sector de la sociedad, que viene apoderando y acomodado como “dedo ceñido en guante”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario